Salud y Desplazamiento (English)

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Desplazamiento Indígena, Conflicto interno y Expresiones de Participación Comunitaria en el Departamento del Cauca. Colombia.

Rubén Darío Guevara Corral
Antropólogo. Asprodeso- UniValle 

Introducción.

La apertura de espacios democráticos en el país, se inició gracias a la aprobación de la Constitución Política de 1991. A partir de la nueva Constitución, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce en forma directa o por medio del mandato otorgado a sus representantes a través del voto, quienes deberán actuar según la voluntad del elector.

Otro elemento que relievó la Carta magna fue el reconocimiento de la diversidad cultural. En esta forma, dio por sentadas las diversas culturas y la pluralidad étnica.

Dura ha sido la lucha adelantada por las etnias para alcanzar ese reconocimiento, es que al finalizar la década de los años 80, la sociedad colombiana empezó a reconocer que las causas de la diversidad eran históricas y no se podían entender únicamente por y dentro de la confrontación armada que mostraba las profundas desigualdades económicas, políticas y sociales las que eran favorecidas por las instituciones autoritarias que carecían de espacios para la expresión de la opinión popular. Con la Carta, se reconoció y se entendió que el autoritarismo del Estado y la intolerancia política religiosa y cultural iban en contravía de esas expresiones y que eran necesarios abrir espacios democráticos de expresión popular para así evitar o por lo menos, disminuir la violencia.     

Antes de la Constitución Política de 1991, la soberanía en Colombia residía en la Nación y de esta emanaban los poderes públicos. La organización política en representación de los electores actuaba según su propio criterio en beneficio de los ciudadanos. Las instancias de participación en las decisiones de la rama ejecutiva eran mínimas.

Estas consideraciones generales, bien pueden servir de preámbulo para entrar a describir y explicar los motivos de este ensayo en lo que respecta al desplazamiento indígena y sus formas expresivas de resistencia pacífica para ejercer derechos de ciudadanía, de manera especial entre la etnia Naza (paeces) del Cauca.

Es que uno de los sectores de población más afectados por la exclusión social es el indígena. El BID por ejemplo, los tiene en cuenta en sus programas para los excluidos étnicos considerando tres componentes para su reconocimiento como son: el apoyo a los proyectos de desarrollo de las comunidades indígenas, el financiamiento para investigación y la asistencia técnica, y los programas de difusión y fortalecimiento institucional. Pero las políticas de inclusión social deben partir del reconocimiento de la diversidad y del principio de que el desarrollo  sólo podrá ser sustentable si fomenta la participación de los indígenas con pleno respeto a su identidad cultural. Lo anterior no ha sido primordial para que sean incluidos y tenidos en cuenta los fines que persiguen como comunidades étnicamente definidas.

Por este motivo, el conflicto armado interno que es una forma de exclusión, concentra mi atención y preocupación, porque es el escenario principal aunque no el único de las principales vulneraciones a los derechos humanos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad física, los derechos individuales y políticos, los económicos sociales y culturales de las personas. Además, porque esta problemática irrumpe en el campo de la antropología en la medida en que siendo el desplazamiento un resultado del proceso de guerra, está contribuyendo a la pérdida de cultura étnica y hace más difícil el proceso de reconstrucción de identidad.      

Valga anotar que la ausencia de una información confiable sobre el desplazamiento indígena impide que se permita saber a nivel cuantitativo: cuántos son?, de dónde fueron expulsados?, dónde están las personas desplazadas y qué necesidades tienen?. Sin embargo, gracias a los escasos documentos escritos de organizaciones como el CRIC, y de la ONIC, se ha podido trabajar un poco el referente explicativo con respecto a una etnia en particular y no de los indígenas en general y así, se ha sistematizado una información que permite decir: qué piensan, qué lecturas hacen del conflicto, qué necesitan, qué alternativas se dan o se han puesto en marcha que de alguna manera,  permite escribir este ensayo y contribuir en algo al conocimiento de una situación y con ello a la transformación política de las voluntades involucrados en este conflicto interno.

Los desplazados indígenas

Aunque aún existen serías dudas acerca de cuántos son los desplazados en el país no obstante que el CODHES (Consultoría de Derechos Humanos sobre Desplazamiento) dice que son 2.914.853, el SUR ( Sistema de Registro Único) que son: 1.079.080, el INDH ( Instituto nacional de derechos humanos) que son 850.000 y el CICR ( Comité internacional de la Cruz Roja) que son 772.873 a abril del año 2003, lo cierto es que frente a estas diferencias tan enormes, la magnitud del problema del desplazamiento se acrecienta si no se tiene en cuenta que entender el desplazamiento y en especial el indígena en una región como es la del Cauca es entender no sólo las condiciones históricas, sociales, económicas y políticas por la que ha atravesado el departamento en general y sus regiones en particular, sino todo el engranaje estructural  del país que lo ha motivado e incentivado. En este sentido amplio es que habría que hacer referencia a las etnias y a los territorios que habitan para así comprender las dinámicas y causas particulares del desplazamiento como también, sus consecuencias e impactos propios en la región o municipios de huida y llegada.

El Codhes da cuenta de 412.553 nuevos desarraigados en el 2002 ( 20% mas que en el 2001) que lo convierten en el año de mayor desplazamiento forzado desde 1985 cuando comenzó a hacerse un verdadero corte estadístico sobre este problema. Los indígenas, pese a ser solo el 2 (o 1.7%) por ciento de la población nacional, representan el 8 por ciento de la población desplazada

En el Cauca la guerra ha tenido sus propias configuraciones por parte de los actores armados y de allí las dimensiones y expresiones que van desde la huida simple al enfrentamiento o la resistencia cultural de las comunidades lideradas por sus cabildos, pasando por zonas de distensión para la paz ( La María en Piendamó) que de alguna manera obligan a hacer una definición particular del conflicto.

El crecimiento del desplazamiento se produce en el marco de acciones militares que violan el derecho humanitario en zonas indígenas y campesinas a través de actuaciones regulares y encubiertas de para-institucionales, en las que los agentes del Estado actúan como “civiles”armados en acciones militares de represión sobre amplias franjas de población.

No puede olvidarse que en el Cauca, nació y se desarrolló el movimiento guerrillero Quintín Lame en los años 80 en franca lucha contra los terratenientes y el Estado. Ha sido territorio de paso de operaciones de campamento, de entrenamiento, de movilizaciones, de logística y de reclutamiento por parte de casi todas las agrupaciones armadas: M19, FARC, ELN, EPL, AUC y ejército de Colombia. También hay que reconocer que las luchas indígenas en el Cauca por la recuperación de sus tierras, la cultura y contra la represión han sido las mas combativas de Colombia.

El departamento del Cauca concentra el mayor número de resguardos indígenas, su economía se basa fundamentalmente en la producción agrícola y es uno de los departamentos más pobres del país.      

En el Valle del Cauca, el departamento vecino, con un total de 55.000 desplazados o 61.000? ( el 5% de la población desplazada del país) - Cali con 23,000 o 27.000? -, se proyecta la “Zona Experimental de Paz” que encierra a los municipios de Palmira, El Cerrito, Pradera y Florida, zonas afectadas por el conflicto bélico que cobija a 400.000 habitantes del sur-oriente del departamento y cuyo fin es desminuir la violencia especialmente en la zona rural habitada por indígenas, con el propósito de promover mayores niveles de desarrollo político, social y económico en la región, mediante estrategias de paz y con unos principios rectores como son la equidad, transparencia, concurrencia, complementariedad, solidaridad, respeto a la autonomía de las comunidades, convivencia pacífica y participación y pluralismo.

Prevenir el desplazamiento forzado e impulsar y consolidar procesos de retorno son objetivos de este proyecto institucional, junto con la promoción y defensa de los derechos humanos.

Los motivos de selección de estos municipios según la oficina de Gestión de Paz y Convivencia son los de tener características socio-económicas similares, el haberse intensificado en esta zona el conflicto armado, el estar habitado por indígenas y negritudes, el ser un eje de actividad económica importante y por allí, se han propiciado procesos de retorno con una voluntad política de las administraciones municipales.

En la última Asamblea de gobernadores del país (agosto 2003), se manifestó que el Valle del Cauca es el quinto receptor de población desplazada y el décimo en expulsiones hacia municipios vecinos y se lanzó  por parte de la Gobernación, un proyecto para el retorno que incluye el diálogo con los grupos alzados en armas y políticas de asistencia técnica con créditos para los proyectos productivos que generen ingresos y les faciliten quedarse. La meta del plan de desarrollo es que no exista desplazados por la violencia. 

La Resistencia Indígena.

Como se mencionó, uno de los problemas más graves que están sufriendo las comunidades indígenas en el departamento del Cauca es que en sus territorios se está librando parte de la guerra que sostienen paramilitares y guerrilleros.  

Ante la guerra, la población indígena ha propuesto hacer una caracterización del desplazamiento indígena como estrategia al conflicto, así, como de las experiencias de la resistencia.

Desde finales de los años 90, los 110.000 indígenas paeces del norte del Cauca,  agremiados en 16 cabildos, se han convertido en ejemplo de organización social, política, cultural y ancestral y también se inicia una lucha para conservar el poder en las alcaldías, concejos y en la Asamblea Departamental.

La resistencia indígena que no consiste en demostrar fuerza sino fortaleza en términos de cohesión social, es una respuesta al acoso insurgente y paramilitar que las comunidades indígenas organizadas han venido manifestando como formas de resistencia. Hacia 1994 se dio lo que se denominó como la “neutralidad activa” por parte de la Organización Indígena de Antioquia, OIA exigiendo a los actores armados que tienen que respetar su territorio. En mayo de 1999, se creo el denominado “Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación”, en el sitio de “La María” en el municipio de Piendamò en el Cauca a un lado de la carretera panamericana en la vía Cali- Popayán. A partir del Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia, celebrado en Cota en noviembre del 2001, las organizaciones indígenas empezaron a promover a nivel nacional la resistencia indígena desarmada.

La resistencia indígena entonces, se sustenta en ese sentido de pertenencia que le brinda la cohesión social y el arraigo territorial para defenderse y permanecer en sus territorios ancestrales así como mostrar la autonomía en el control y administración del territorio, en los recursos naturales y en los asuntos comunitarios. La posición de autonomía que defienden los indígenas significa como ellos lo manifiestan “ que no nos aislemos del país y mucho menos frente al conflicto armado. El conflicto se da en nuestros territorios, se presiona a nuestros jóvenes y en general a toda la comunidad, se disputan nuestros recursos y es imposible que no tomemos una posición de defensa de nuestros intereses, de nuestras vidas, de nuestros territorios y de nuestra cultura.” (Congreso:  2001)

Es que un elemento de resistencia fundamental es el arraigo al territorio en la medida en que ello impide el desplazamiento, los fortalece y sólo en casos extremos optan desplazarse dentro de su territorio o hacia otras comunidades de su propio pueblo, aprovechando las redes étnicas, los vínculos familiares o claniles al interior de la etnia y sus lazos con otras comunidades y pueblos indígenas, como se da en Risaralda con los Catíos, en el Chocó con los Embera y en el Cauca con los Paeces.

Otra forma de afirmación, protección, recuperación y defensa del territorio es la reactivación de sus tradiciones ancestrales como son los the`walas entre los paeces; los “médicos tradicionales” en Tierradentro, Cauca; los jaibanás de los Emberas chocoanos que por su intermedio, buscan protección espiritual contra los actores armados.

Pero en la medida en que ha arreciado el conflicto, la resistencia paéz por ejemplo, empieza a darse por medio de los médicos (braveros) que utilizando plantas denominadas como “bravas” , buscan defenderse y atacar a los espíritus y fuerzas duras de la naturaleza como un último recurso. La utilización de la lengua nativa, el impulso de las técnicas tradicionales para la producción de alimentos básicos en su dieta alimenticia, así como los medios del internet, radio comunitaria y teléfono, junto a las audiencias públicas, marchas, congresos y concentraciones, parecen reunirse para ejercer la resistencia pacífica.

Los indígenas constituyen casi la única fuerza social portadora de un proyecto político social autónomo, como dice Manuel Santos del cabildo indígena de San Francisco:“nuestra gente atiende las convocatorias porque somos dueños del proyecto indígena”, y agrega: “desde ese punto de vista, amenazar a un alcalde elegido popularmente no es simplemente atentar contra el Estado, sino interrumpir a la fuerza un proceso del que todos hacemos parte” ( en Vélez, H.: Atisbos Analíticos No 23). Y Floro Tunubalá, gobernador del Departamento del Cauca, agrega: “que la vida de las comunidades no depende de la alcaldía, sino de las decisiones que ellas mismas vayan tomando, independientemente de la guerrilla”.  

En general, uno alcanza a ver que la resistencia indígena es una forma alternativa de apertura democrática y pacífica por parte de la sociedad civil en la medida en que también involucra a afrodescendientes y campesinos. Ya la declaración de indígenas lo decía: “como hijos de la selva, de las montañas, de los paramos y de los valles, del desierto y las llanuras, le decimos a Colombia que nuestros territorios están cansados de recibir harta sangre injustamente derramada, que nuestros pueblos están hastiados de que  las armas decidan sobre sus vidas.. vamos a continuar resistiendo la destrucción, y a la muerte que traen todos aquellos que quieren someternos y vincularnos a los proyectos de guerra”.  ( Declaración de 70 delegadas de 25 pueblos indígenas reunidas en Bogotá en el Primer Encuentro de mujeres indígenas por la autonomía y la Paz)                 

Sin embargo, se ha venido planteando la necesidad de crear una zona de Rehabilitación y Consolidación en el Cauca lo que implicaría la presencia mas activa del Estado en las zonas en donde el conflicto se ha desbordado si se hace de manera fragmentada, implicaría tanto la radicación del conflicto armado como la presencia de la institucionalidad. El Cauca es un microcosmos de los conflictos políticos colombianos en donde convergen el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia común. El conflicto en el Cauca no coincide con la división administrativa municipal y si bien es cierto las zonas pretenden una re-institucionalización del Estado, también se mueven dentro del mapa tradicional del Estado y la organización territorial tradicional, cosa que no respeta el conflicto”. (Fernández, Julián: El Liberal: Septiembre 29-2002)    

De todas maneras, tomar las armas, dice Analtolio Quirá, ex presidente del Cric, “sería resquebrajar las enseñanzas que hemos recuperado en los últimos años que nos llevó a fundar el Primer Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y a elegir el primer gobernador  y los primeros senadores nuestros, las poblaciones se van a mantener en pie de lucha así acaben con los municipios ”.

Con este ánimo, de repeler y neutralizar las acciones de los violentos, las comunidades indígenas entonces, han mostrado brotes de una resistencia civil y de movimientos de no violencia, son iniciativas propias que requieren respeto precisamente por el profundo arraigo cultural y territorial que las caracteriza, sin embargo, esta resistencia empieza a ceder en la medida en que los grupos armados irregulares y el Estado despliegan sus acciones reclamando compromisos culturales y étnicos. El Estado trata como de descargar estas iniciativas en los indígenas y ellos no tienen lo adecuado para responder por sí solos.

Así, la resistencia civil parece ser el último recurso para enfrentar a los violentos amparados en un discurso de dignidad y superación cultural de la etnia en la medida en que ella ofrece un conjunto mas amplio de posibilidades en el campo de la participación ciudadana, en la lucha contra la violencia, y la fuerza discursiva de la resistencia civil puede ser uno de los mayores recursos para rescatar el principio de convivencia social, a la par con las lecciones de resistencia civil que a diario brindan a los colombianos las comunidades indígenas (UN Periódico: No 49 Agosto de 2003). Es que la lucha de los pueblos indígenas son colectivos y no individuales.      

En los últimos 4 años, se han presentado más de 300 ataques por parte de guerrillas y paramilitares contra pueblos indígenas, caceríos y estaciones de policía ubicados en los departamentos que cuentan con mayor población indígena y campesina ( Toribío, Silvia, Caldono, Morales, Jambaló, San Sebastián, Bolívar y otros en el Cauca), es una política etnocida que se ejerce contra las comunidades indígenas en el territorio nacional.  

Un ejemplo de retaliación por las acciones de resistencia fue el que cometió las FARC en Toribío en julio del 2002 quien arremetió contra la población por haberse opuesto a al retención de su alcalde indígena 

La incidencia del  Conflicto en las comunidades.

Sin lugar a dudas, la migración forzada de los indígenas en los últimos cinco años, tiene que ver con el actual conflicto armado pues “Alrededor de los procesos de expropiación y desplazamiento de la población indígena y campesina, se encarnan propósitos tales como: el interés por la concentración de terrenos muy productivos y que están ubicados en lugares estratégicos por donde se proyectan obras de envergadura para el desarrollo macroeconómico del país durante los próximos 20 años”, (Navarro, F: 2003) sin descartar el valor estratégico que poseen los territorios utilizados para cultivos ilícitos, como mecanismos para financiar la guerra y sus ejércitos.

Enmarcado en estas circunstancias, el último informe de la ONIC (Organización Indígena de Colombia) presenta un panorama desfavorable sobre la situación de las comunidades indígenas colombianas, según las cifras, casi la totalidad de los 84 grupos étnicos tienen entre sus miembros a víctimas del desplazamiento forzado o se ven sometidos por estos. Las amenazas, el miedo, el incendio de las viviendas, el temor de las personas que huyen por las masacres y los asesinatos ( por ejemplo, en enero del 2003, los paras entraron en territorios de indígenas en Coyaima, Tolima y de los  Betoyes, en Arauca, el 5 de marzo, asesinaron y obligaron a desplazarse a los indígenas) los enfrentamientos entre los mismos grupos armados que generan violencia y afectan a la población civil junto con las desapariciones forzadas, son características del desplazamiento de la población indígenas.

Ya en el comunicado de los Consejos indígenas del CRIC a las FARC y al Gobierno nacional con motivo de los rompimientos de los diálogos de paz, manifestaban: “como pueblos activos en busca de la convivencia, insistimos en nuestra sugerencia de evitar la intensificación de la confrontación armada y retomar las razones de paz expuestas por quienes somos las verdaderas víctimas de la guerra” ( Popayán, febrero 21 del 2002).

De acuerdo con la ONIC, casi 13.000 indígenas huyeron de sus tierras de origen entre los años 2001 y 2003. Durante el 2002 aproximadamente 12.649 indígenas tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales por presión de los grupos armados. Esta cifra representa el 1.75 del total de la población indígena del país y corresponde al 5% del total de desplazados en Colombia. Durante la primera mitad del 2003, más de 50 indígenas han sido asesinados y alrededor de 3.000 han tenido que abandonar sus hogares porque temen por sus vidas y según la Defensoría del Pueblo, sólo durante el período comprendido entre enero y mayo del 2003 fueron asesinados 106 indígenas.   

( Informe Sobre Colombia del Alto Comisonado de NNUU...).

No se puede olvidar que la masacre que produjo el mayor número de víctimas de miembros de las comunidades indígenas fue la del Alto Naya, en el Cauca, entre el 10 y 13 de abril del 2001 que alcanzó 32 muertos en franca connivencia con mandos del ejército quienes reportaron a la Defensoría del Pueblo “que sólo allí se daban enfrentamientos entre grupos irregulares”. 

En el Naya, el control de la población por parte de los sectores armados es una estrategia para evitar la “infiltración del enemigo” y posicionarse en la zona sin importarle la suerte de la comunidad que se encuentra atrapada y sin salida. El retorno de quienes aún permanecen por fuera del territorio se ha visto obstaculizado y con inconvenientes tanto por los grupos armados como por las políticas del gobierno que si bien ha definido como programa nacional de retorno de 30 mil familias, la condición es la de que ellos se acojan a la propuesta del esquema de “seguridad democrática”, que es un modelo de exclusión y de transacciones a las inversiones privadas aseguradas en la negación de derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como en aparatos armados institucionales que privilegian el bien particular sobre el colectivo.      

De todas maneras, lo que uno alcanza a percivir es que los desplazamiento están incidiendo en la trama social y cultural de los indígenas y en la perspectiva a largo plazo de supervivencia de algunas comunidades. Los intereses de grupos armados son los de invadir y despojarlos de sus territorios, desestructurar sus organizaciones e imponerles lógicas culturales distintas que confrontan la naturaleza y la tierra, en síntesis, destruir su proyecto de vida.        

Ya se mencionaba que en el 2002 se presentaron los mayores desplazamientos indígenas como consecuencia de masacres, homicidios y amenazas a la población por parte de guerrilla y paramilitares que se disputan el control territorial que les permita ampliar sus áreas de influencia y tener recursos estratégicos para el transporte de armas y abrir corredores para las acciones ilícitas, en esta forma, es como se vieron enfrentados al sometimiento a la estigmatización y al desarraigo, a la pérdida de su cultura y a la violencia. El desplazamiento ha dejado en los indígenas efectos de esta violencia tanto en lo psíquico como en la identidad colectiva, destruyendo la cohesión social, la solidaridad y agudiza el deterioro de la calidad de vida, además, rompe los tejidos sociales locales simentados por los cabildos y autoridades tradicionales que hoy claman por reivindicar su proceso histórico de dignificación de su cultura .

Una de las características principales de este fenómeno es que ellos se desplazan de zonas que manifiestan iniciativas agroindustriales, macroproyectos, obras de infraestructura y riquezas naturales, desmintiendo lo que se dice en el sentido de que   los intereses económicos priman porque necesitan tierras para desarrollarse. La hipótesis que se ha tejido es la de que el desplazamiento ya no es solo un efecto colateral del conflicto armado, sino toda una estrategia de guerra, incluso, asociada a intereses económicos. No puede olvidarse que otra de las causas del desplazamiento indígena en el Cauca por ejemplo, han sido las fumigaciones a los cultivos de coca y amapola y que el gobierno califica sus desplazamientos como de “migración voluntaria” desconociendo el contexto de guerra en que se producen estas fumigaciones.  

La huida se ha convertido en un dilema tan igual como es el de permanecer o quedarse en la medida en que los grupos armados impiden ejercer su libertad individual y colectiva y en este sentido, es doble el drama, la crisis aumenta y no se vislumbran salidas institucionales ni humanitarias para controlar o dar fin a este problema y cuando logran salir, la llegada a otro sitio altera las condiciones del grupo que ha huido en la medida en que se desconectan del entorno geográfico-cultural y los sume en situaciones depresivas. Como ha ocurrido con los indígenas desplazados del Naya, sometidos a confinamiento cerca de 4.300 personas, que no pueden transitar por su territorio, y por lo tanto se les impide la entrada de medicinas, comida e insumos. En igual sentido están la comunidad de los Kanguanos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En este sentido, es clara la observación que se hace con respecto a que “los grupos étnicos siguen siendo víctimas de violaciones de sus derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, así como de discriminación racial, intolerancia y exclusión social. Sus derechos económicos, sociales y culturales se ven afectados por las condiciones de pobreza y exclusión en las que se encuentran. El conflicto armado agrava aún más esta situación y amenaza en consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos” (Informe sobre Colombia del Alto Comisionado: 2003)

Las mujeres desplazadas indígenas.

Un caso particular y a tener en cuenta para los objetivos de este trabajo es el que atañe a las mujeres desplazada indígenas quienes requieren atención particular por su vulnerabilidad; por ejemplo, ellas deben verse y ubicarse dentro de la etnia puesto que su identidad es el resultado de una dialéctica històrica de diferentes procesos de agresión directa en donde se ha ejercido un dominio que de alguna manera les ha quitado y les siguen quitando lo propio como es su cultura, metidas sus comunidades hoy en un conflicto que no es de ellas y para el cual buscan un diàlogo que elimine la confrontación a la cual se ven como objetos. Ese poder del reconocimiento de sus cabildos y autoridades en un territorio ancestral, las conduce al empoderamiento de su tradición y de su cultura para con ellas, hacer presencia como ciudadanas de Colombia.  

Aunque como ya se mencionó, los indígenas han generado mecanismos de resistencia frente a los actores armados (como en Coconuco, Puracè, Bolívar y Caldono, en el Cauca) gracias a su arraigo y consistencia cultural y organizativa. La pugna se centra principalmente por el control del territorio y por ende de sus recursos naturales. Sin embargo, se han obligado a salir a otros territorios indígenas o ejercer la transhumancia en los propios en un desplazamiento que es masculino fundamentalmente. En el Valle del Cauca el desplazamiento indígena se ha hecho a centros urbanos.   

En Colombia, las mujeres representan el 55% de la población desplazada. Se estima que del total de la población desplazada a los centros urbanos de Cali y Popayán es: el 19% que pertenece a comunidades afrocolombianas, el 3% pertenece a comunidades indígenas en donde  el 47% son mujeres, el 46% son personas menores de 18 años. [1]

El Estado ha incumplido para ellas la atención especial a los derechos como población más vulnerable en donde se encuentran las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las viudas y las madres cabezas de familia, para quienes no existe condiciones de seguridad ni de dignidad para su retorno, ni alternativas para su reasentamiento o proyectos viables para su estabilización socioeconómica; las familias desplazadas han visto cómo su situación se ha prolongado en unas condiciones de marginalidad e insalubridad desesperantes en unos barrios de Popayán, Cali y Buenaventura, en municipios cercanos a sus resguardos como Santander de Quilichao, Caloto, Timba en el Cauca y Jamundí enel Valle, mostrando una geografía del éxodo peculiar o ubicándose en otros resguardos vecinos.

Con respecto al retorno, se manifiesta que sin tener las más mínimas condiciones de seguridad será posible, de allí que el grueso de la población permanezca a la espera de una solución acorde a las circunstancias y han preferido quedarse aún a costa de sufrir ante las condiciones por demás deplorables de un medio hostil y agresivo, en los cambuches y  toldas. 

De manera particular se encuentra que las mujeres indígenas han sufrido agresiones sexuales, además son quienes más sufren la discriminación por ser indígenas y sus organizaciones son las más perseguidas y amenazadas por el trabajo que realizan en defensa de sus derechos y mejoramiento de las condiciones de vida

“ Nuestro pueblo es sometido a un nuevo sufrimiento: el desplazamiento es la resultante de la intimidación y la masacre; produce invisibilización, desmembramiento de los nucleos familiares, pérdida de los territorios, del acceso a los recursos naturales, de la solidaridad, la autoestima individual y colectiva y del derecho a vivir en paz en el marco de nuestras tradiciones, costumbres y aspiraciones culturales” (ONIC: Sept. de 2002)

Se ha señalado como una de las causales del desplazamiento indígena el asesinato de sus líderes, dado el poder político que han adquirido y están adquiriendo en estos  departamentos estos dirigentes en los cabildos y/o en los resguardos y al ser considerados por unos las AUC o por otros la guerrilla y el ejército como contrapartes, ayudantes o auxiliadores; de todas maneras, los asesinos son personas que tratan de desestabilizar los procesos organizativos de los indígenas, que no comparten las políticas sociales y comunitarias que ellos realizan. Los dirigentes indígenas a través de su organización El Consejo Indígena del Cauca (Cric) y el Consejo Regional Indígena del Valle (Criva), han señalado que hace varios años están denunciando el asesinato de sus líderes, han realizado consejos de seguridad con las autoridades, han instaurado denuncias ante los organismos internacionales y nacionales y no se ha dado ninguna respuesta y solución y las muertes continúan e igualmente los desplazamientos

Como una respuesta y para comprometerlos, el gobierno normatizó el reclutamiento indígena que ha tenido oposición en las comunidades por todo el problema que ello acarrea en lo que respecta a su autonomía y determinación de los cabildos. Parecería que con esta acción se enfrentara al reclutamiento que hacen los insurgentes en la zona que va dirigida a niños, niñas y jóvenes mediante mecanismos y estrategias de seguimiento selectivo y permanente. En esta forma se perpetúa el rompimiento del tejido social que limita el accionar de las organizaciones comunitarias, se rompen las redes de comunicación y control social, se debilitan los circuitos económicos y se desarticulan los procesos de resistencia cultural.

Lo que sí es cierto, es que el desplazamiento indígena está casi invisibilizado tanto por los medios de comunicación como por las agencias institucionales de atención al desplazamiento ( es que el indígena no acude a la Red de solidaridad, ni prestan declaraciones) es por ello que nos corresponde a nosotros por este u otros medios, ponerlo de presente y mostrarlo como un problema étnico, grave, que atañe a los derechos humanos.

Si bien la ONU ha comprendido que la crisis humanitaria como consecuencia del desplazamiento debe abordarse región por región y respetando el carácter civil de las poblaciones, también hay que abordar el problema en términos de prevención, protección y soluciones duraderas, entre estas últimas el retorno voluntario, la integración local y la reubicación en otros lugares del país, en condiciones de seguridad y dignidad ya que hay que respetar la voluntad de las personas. El esfuerzo a favor de los desplazados debe ser participativo e incluir las comunidades, pues nadie mejor que ellas para conocer sus problemas ( Galindo, V. Francisco: 2003)

Bibliografía.

Boletín Codhes: “Destierro y desplazamiento”. Informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos. 2002. Bogotá

Declaración del Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia”. Nov. 25 .2001. Cota. Cundinamarca

Equipo Nickor: “Estado Comunitario: la nueva forma del control del desplazamiento”. doc. Equipo Nickor de abril 13 del 3003

Galindo, Vélez. Francisco.-“¿Qué hacer mientras llega la paz?”. En Lecturas Dominicales. El Tiempo. Junio 22, 2003. Bogotá  

Guevara, C. Rubén Darío.- “Mujeres desplazadas por el conflicto armado. Situaciones de género en Cali y Popayán. En: revista Barrio Taller, serie Ciudad y Hábitat No 10. Desplazamiento, Ciudad y Territorio. Marzo del 2003. Bogotá.   

Guevara, C. Rubén Darío.- “Desplazamiento y derechos humanos”. En: Revista Reflexión Política. Instituto de Estudios Políticos de la UNAB. Año 4. No. 7 Bucaramanga. Junio 2002 

Incalterra, Amèrico. “Situación de los pueblos indígenas”. Informe director oficina alto comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos .Bogotà , junio 2003

Navarro, V. Fernando. “La Negación del Territorio”. En: UN. Periódico. No 44 Marzo de 2003. Bogotá     

UN. Periódico. Editorial. “Fuentes de legitimidad, fuentes de legitimación”. No 49 Agosto 2003. Bogotá 

Informe sobre Colombia del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH . 2002.

Vélez, Humberto.- “Atisbos Analíticos”. No. 23. Agosto 2002. Cali

Zambrano, Fabio.- Identidad nacional, cultura y violencia” En: Violencia en la región Andina. El caso colombiano. CINEP. Bogotá 1993.



[1] Cifras presentas por el Director de la RSS, en la sesiòn ordinaria del Senado de la Repùblica.Marzo2001

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